LATINOAMÉRICA – El 28 de mayo, y por primera vez, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e IJM llevaron a cabo un seminario virtual para compartir experiencias y mejores prácticas sobre la provisión de asistencia crítica para víctimas de trata, tal como la representación legal. Este espacio también sirvió, así para compartir sobre maneras de continuar mejorando para asegurar que las víctimas tengan un mejor y más efectivo acceso a la justicia dentro de la región Latinoamericana.
La trata y tráfico de personas afecta las vidas y la integridad física de miles de mujeres, hombres y niños alrededor del mundo. Un estudio reciente de UNODC muestra que, en casos del 2018, 75% de las víctimas fueron mujeres y niñas, traficadas principalmente para la explotación sexual (50%) o la explotación laboral (38%). En Latinoamérica, más del 70% de las víctimas fueron mujeres y niñas, de las cuales entre el 60% y el 80% fueron traficadas con fines de explotación sexual. En Centroamérica, 48% de las víctimas fueron menores de edad.
Debido a diversos factores de vulnerabilidad, como pobreza, situación migratoria, inestabilidad en el hogar, etc., muchas víctimas de trata y tráfico no pueden costear la orientación y el apoyo legal que necesitan desesperadamente. La asistencia legal tiene beneficios múltiples, incluyendo la rendición de cuentas de los agresores y la reducción de la impunidad; pero, si es provista de manera integral, puede también tener un impacto directo en la recuperación a largo plazo de las víctimas. La justicia dentro del sistema público de justicia es fundamental para la recuperación de los sobrevivientes.
“La justicia penal tiene un efecto transformativo,” dijo Carlos Pérez, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de UNODC. “Los gobiernos deben proveer ayuda, información, y asegurar la participación en los procesos; albergues seguros, asistencia legal, médica, psicológica y educativa; seguridad; empleo, y aún la posibilidad de indemnización.” UNODC e IJM reconocen que el acceso a la justicia, especialmente la representación legal de las víctimas, es un componente central para asegurar que los derechos de las víctimas sean salvaguardados e implementados efectivamente, y han dedicado años a apoyar a los gobiernos para proveer este servicio.
Con más de 300 participantes de la región, representantes de ONGs, incluyendo IJM, las Oficinas de Defensa Pública de Brasil y Perú, y UNODC, hablaron la importancia de la cooperación interinstitucional para asegurar el acceso a representación legal, la necesidad de trabajar con equipos multidisciplinarios para brindar cuidados integrales, y la necesidad de proveer estos servicios con un enfoque centrado en la víctima. Adicionalmente, este espacio proveyó una oportunidad para compartir experiencias institucionales aprendidas al representar víctimas, así como desafíos y buenas prácticas.
“Debemos ver a las víctimas y los sobrevivientes de trata con empatía, interés, y de forma integral. Ellos son quienes más sufren con este delito y no pueden ser tratados simplemente como evidencia,” dijo Jose Monteiro, director de país de IJM en República Dominicana.
Además de la representación legal, los panelistas resaltaron que, para un enfoque efectivo e integral que permita que los sobrevivientes de este delito se desarrollen bien, es importante asegurar que la representación legal sea acompañada de servicios psicosociales y económicos.
“No se trata solamente de la ayuda legal y la representación judicial en el caso; la víctima también necesita asistencia en otras áreas. Por ejemplo, una víctima que ha sido rescatada podría tener necesidad de alimentos, o [mayor] protección en casos que involucran a menores [como albergues seguros]. Esta información es también recopilada por la defensa pública para asegurar que las necesidades de las víctimas sean satisfechas –en coordinación con otras agencias que pueden proveer para esas necesidades,” enfatizó Hernán Álvaro Neyra, de la Oficina de Defensoría Pública del Perú.